Presentación de «Soberanía nacional y soberanía popular» de Alain de Benoist

Para nosotros supone un orgullo y un enorme placer poder presentar este libro a nuestro público lector, porque de alguna manera representa la culminación de un trabajo que abarca ya más de una década, y que a lo largo de esta dilatada trayectoria se ha enfrentado a toda suerte de vicisitudes. Emprender la ardua y abnegada tarea de la edición de libros, y más en el plano de la disidencia y desde la contestación a los poderes hegemónicos, no es nada fácil, y requiere de una gran fuerza de voluntad y un trabajo constante. Por eso, nos sentimos especialmente recompensados por la oportunidad de publicar este libro, tanto por la altura intelectual de su autor, como por el contenido esencial de la obra, que, como veremos a continuación, afecta directamente a aspectos esenciales del pensamiento político actual.

Alain de Benoist (1943) es una de las figuras más relevantes e influyentes del pensamiento europeo contemporáneo, cuya trayectoria intelectual se extiende a lo largo de seis décadas de investigación, reflexión y debate. El pensador francés viene distinguiéndose desde sus comienzos como un prolífico filósofo, ensayista y teórico político, cuya obra constituye una vasta exploración de las raíces históricas y filosóficas de Europa en múltiples aspectos, a partir de una serie de tradiciones intelectuales que han configurado su identidad y las contradicciones de la modernidad. Fundador y dinamizador de la denominada Nouvelle Droite francesa, la Nueva Derecha, un movimiento del que fue su máximo impulsor, ha desarrollado un pensamiento político que se ha mostrado desde sus comienzos poco adaptable a las categorías del pensamiento político convencional, y donde ha encontrado un material especialmente fecundo la crítica al liberalismo —que quien escribe comparte en su práctica totalidad—, el individualismo, el universalismo abstracto, la expansión planetaria de la lógica mercantil, el americanismo etc. Su trabajo encuentra un diálogo muy fructífero con una enorme diversidad de autores y corrientes, desde la filosofía clásica y la tradición indoeuropea hasta Friedrich Nietzsche, Carl Schmitt, la Revolución Conservadora alemana y las críticas contemporáneas a la sociedad de masas.

La trascendencia de su obra descansa en dos diferentes aspectos, que van desde la amplitud de sus investigaciones, como la capacidad para replantear cuestiones fundamentales de la filosofía política, la historia de las ideas o el destino de las civilizaciones, y en este caso la civilización europea. A través de decenas de ensayos, Benoist ha examinado en profundidad las relaciones entre tradición y modernidad, individuo y comunidad, universalismo y pluralidad de las culturas, así como los fundamentos del poder político y las transformaciones del Estado contemporáneo. Frente a las interpretaciones que presentan la globalización liberal, planteado como un horizonte histórico insuperable, el pensamiento de Benoist es una invitación a reconsiderar las posibilidades de autonomía de los pueblos, la diversidad de las formas de organización política y la necesidad de recuperar categorías que permitan comprender la complejidad de la experiencia histórica europea. Su influencia ha desbordado ampliamente el marco francés, suscitando debates y controversias a escala europea, removiendo conciencias e impulsando discursos e ideas alternativos al actual orden de cosas.

Soberanía nacional y soberanía popular, la obra que nos disponemos a presentar, se inscribe plenamente en esta trayectoria de investigación emprendida por nuestro veterano autor. En sus páginas, Benoist vuelve sobre dos conceptos decisivos para comprender la legitimidad y el ejercicio del poder, interrogándose por la relación entre la independencia de las comunidades políticas, la voluntad popular y las estructuras que condicionan la capacidad efectiva de decisión. La importancia de esta obra, y lo decimos a modo de introducción, va más allá de la vigencia del tema tratado, y nos sitúa en un contexto marcado por la voluntad de devolver profundidad histórica y densidad filosófica a cuestiones que el debate político suele simplificar y reducir a consignas. De hecho, leer a Benoist significa entrar en una discusión de largo recorrido sobre los fundamentos de la vida colectiva, sobre las formas de autoridad y el futuro político de Europa.

A modo de introducción, la contribución de Carlos X. Blanco, también traductor de la obra, nos ofrece un escrito preliminar al texto de Alain de Benoist. Se trata de una excelente exposición sobre múltiples aspectos desde los cuales deberían fundamentarse toda reconstrucción rigurosa de la Comunidad política. Como premisa inicial, y antes de entrar en aspectos más específicos relacionados con la soberanía y el Imperio, nos habla de la necesidad de diferenciar la verdadera filosofía política y las construcciones ideológicas, que bajo determinadas apariencias de coherencia intelectual, sirven para justificar formas de poder, organizar prejuicios colectivos o encubrir intereses de legitimación histórica. La utilización de un lenguaje especializado, con términos complejos, a menudo utilizados de manera confusa, tienden a generar una «tela de araña», y a derivar en una suerte de simplificaciones, que terminan por distorsionar toda comprensión de la realidad política en su dimensión más profunda. Ejemplos no faltan, y muchas veces, y más en el contexto de las democracias liberales, queda especialmente reflejado bajo las formas más vulgares del electoralismo demoliberal. Expresiones como democracia, libertad, derechos, soberanía, progreso o «sociedad abierta» son utilizados de manera recurrente, y a menudo ocultan divergencias en relación a la naturaleza del hombre, de la sociedad o del poder.

Por ejemplo, el mero hecho de hablar de «democracia» no nos permite saber por sí solo quien constituye el pueblo, qué capacidad posee para gobernarse de manera efectiva o qué instituciones median entre su voluntad y las decisiones que determinan su existencia. De la misma manera, al invocar a la libertad no tenemos por qué referirnos necesariamente a la independencia individual, a la participación política o a la autonomía de una comunidad, especialmente cuando las palabras se emplean como una etiqueta cuya autoridad nos obliga a examinar aquello que realmente designan.

La crisis de la soberanía, la democracia representativa y el destino político de Europa

La cuestión de la soberanía constituye uno de los grandes problemas de la política contemporánea, pero también uno de los más oscurecidos por el lenguaje ideológico. Vivimos en una época en la que los Estados proclaman su independencia mientras ven drásticamente reducida su capacidad efectiva de decisión, al tiempo que los ciudadanos son reconocidos como titulares abstractos del poder sin que necesariamente puedan ejercerlo. Paralelamente, las instituciones representativas invocan de manera permanente la voluntad popular, al tiempo que la mantienen a distancia, de manera que preguntarse por quién es verdaderamente soberano implica indagar sobre la naturaleza del propio orden político. Y a tal respecto podemos lanzarnos las siguientes preguntas: ¿Quién tiene la última palabra? ¿El Estado, la nación, el pueblo, los representantes elegidos, los tribunales, los mercados financieros o las estructuras supranacionales que condicionan las decisiones de los gobiernos? ¿Puede hablarse de soberanía allí donde existe una independencia formal, pero faltan medios materiales para ejercerla? ¿De qué tipo de soberanía podemos hablar en relación al pueblo si este solo puede manifestarse periódicamente en las urnas, sin disponer de instrumentos efectivos para controlar a quienes deciden en su nombre?

Estas son algunas de las preguntas fundamentales que Soberanía nacional y soberanía popular intenta responder. La obra, publicada originalmente en febrero de 2026 por La Nouvelle Librairie, dentro del ámbito editorial de Krisis, se adentra en un problema que desborda ampliamente la discusión habitual sobre la pertenencia a la Unión Europea, la recuperación de competencias estatales o la defensa de las instituciones nacionales. En la obra de Benoist subyace un propósito más ambicioso: examinar las relaciones, las diferencias y las tensiones entre la soberanía del Estado, la existencia histórica de las naciones y la capacidad del pueblo para intervenir realmente sobre su propio destino.

El enfoque del autor francés es fundamental, dado que en los debates políticos corrientes, como los que se suceden en los contenidos chabacanos y vulgares de los tertulianos televisivos, los términos Estado, Nación y Pueblo suelen emplearse como si designaran una misma realidad. Se presupone que defender al Estado equivale a defender a la Nación; y que ulteriormente defender a la nación significa defender al Pueblo. Asimismo también se piensa que reivindicar la soberanía nacional implica necesariamente devolver el poder a los ciudadanos. No obstante, ninguna de las equivalencias mencionadas puede darse por sentada. Un Estado puede actuar contra la continuidad histórica de la comunidad que administra, y un buen ejemplo de ello son las democracias liberales europeas actuales, que han generado una ruptura respecto al pasado más reciente; del mismo modo una nación puede conservar su identidad aún cuando carezca de Estado propio, y un pueblo puede ser proclamado soberano por una constitución sin disponer de una capacidad efectiva para orientar las decisiones colectivas, como lo hace cualquier constitución liberal moderna en la Europa actual.

Alain de Benoist devuelve a estos términos clave su densidad política y conceptual, los somete a examen y muestra cómo tras ellos se esconden problemas inadvertidos por el común de la gente: la capacidad de decisión, la fuente de legitimidad, la continuidad de una comunidad histórica, la organización del poder y la participación del ciudadano en la vida pública. De tal manera que la soberanía deja de ser una consigna, un concepto confuso y abstracto, para convertirse en un problema que exige distinguir entre lo que se proclama, lo que se posee y lo que finalmente se puede hacer. Y en este sentido, el libro nos ofrece una perspectiva desde un enfoque interesante, que nos dice que la crisis del principio de soberanía no puede explicarse únicamente como consecuencia de la supuesta imposición exterior. En ella también concurren las decisiones adoptadas por los Estados, las transformaciones económicas que han alterado las relaciones entre el poder político y el poder financiero, la expansión de las instancias jurídicas supranacionales y la progresiva separación entre la legitimidad democrática y los mecanismos efectivos de decisión. Por tanto se trata de una cuestión multifactorial. Simultáneamente, la respuesta y la solución a esta crisis tampoco puede pasar por la restauración nostálgica de las antiguas prerrogativas del Estado-nación, eso no bastará para restablecer la libertad política de una comunidad dada.

De ahí que no exista en esta obra ninguna intención de sacralizar el Estado-nación moderno como única forma legítima de realización. Esta doble perspectiva plantea la necesidad de repensar nuevamente las categorías del poder, la forma en que se articula la convivencia de las comunidades políticas y la relación entre unidad y diversidad. En ningún caso podemos reducir la cuestión a la exaltación del aparato estatal, sino que es necesario analizar la forma en que ese Estado actúa y se relaciona con la comunidad, y si ésta última es capaz de reconocerse en sus decisiones. En este terreno las fuentes a las que recurre Benoist, y que comprenden un análisis sobre tres niveles simultáneos —histórico, filosófico e institucional— a través de la tradición de la filosofía política, la historia de las formas estatales y las controversias en torno a la democracia, se remite a los análisis de pensadores como Carl Schmitt y Julien Freund. Estas fuentes y recursos intelectuales son brillantemente confrontados con las contradicciones del presente y sirven para poner de manifiesto que el problema de la soberanía sigue siendo inseparable del problema de la libertad política.

Indudablemente, esta obra interesa tanto a quienes se preocupan por el deterioro institucional que los Estados europeos están experimentando en los últimos años, a quienes se sienten preocupados por el desastroso proceso de la integración continental bajo la pérfida organización mundialista de la UE, una marioneta de la geoestrategia estadounidense en suelo europeo, y a quienes consideran insuficiente una democracia instrumental reducida al procedimiento electoral y cuestionan la concentración del poder por parte de estructuras concretas, buscando una comprensión más amplia de por qué la proclamación formal de la soberanía popular puede coexistir, generando una paradoja insostenible, con la creciente impotencia colectiva en un mundo hiperregulado en el que los poderes tecnocráticos acaparan cada vez más poder.

El fin del Estado-nación y el poder de decisión

A pesar de que un Estado pueda proclamarse formalmente independiente, conservar sus símbolos nacionales, planificar su acción de gobierno bajo un sistema que obedezca a unas normas legales previamente fijadas, a un orden constitucional, a un sistema de partidos con sus procesos electorales, puede, simultáneamente, no disponer de la capacidad necesaria para orientar los procesos fundamentales que determinan la vida de su población. La soberanía exige algo más que el conocimiento jurídico de una autoridad, requiere medios efectivos de decisión y de ejecución. Benoist insiste en que un Estado soberano debe controlar las condiciones esenciales de su existencia colectiva. Esto incluye la capacidad para defender sus fronteras, impedir dependencias excesivas en sectores estratégicos, garantizar un cierto grado de autonomía industrial, energética y tecnológica, mantener un desarrollo económico autónomo y no quedar sometido a la impotencia frente a los mercados financieros. En este contexto, también comprende la defensa de la lengua y la cultura frente a formas de dominación que no necesitan recurrir a la ocupación militar para ejercer sus efectos.

Si contemplamos la soberanía desde esta perspectiva, no es un atributo que se posea de una vez para siempre. La soberanía es una capacidad que debe ejercerse, conservarse y reconstruirse continuamente frente a las situaciones cambiantes. Puede darse el caso de la coexistencia de una independencia jurídica en paralelo a una dependencia económica profunda; del mismo modo la autonomía diplomática puede verse restringida por la subordinación militar, y la autoridad legislativa puede quedar condicionada por los compromisos exteriores, por las estructuras financieras y las relaciones de poder que reducen el margen de actuación de las autoridades políticas.

El problema del Estado contemporáneo no consiste solo en la pérdida de determinadas competencias frente a estructuras e instituciones supranacionales, sino también al desarrollo de la economía mundial, que ha transformado las condiciones materiales en las que puede ejercerse el poder político. El poder político y su autoridad también pueden verse impotentes, y carecer de los instrumentos necesarios, para evitar la deslocalización de sus industrias, para limitar la movilidad de los capitales o para proteger determinados sectores productivos, o bien limitar la influencia de multinacionales cuyo poder económico supera el de muchos Estados. Esta es una situación que se vive en la actualidad y que determina la superioridad del poder económico sobre el político, y la consecuente instrumentalización del segundo al servicio del primero. Y es que la globalización no se limita a los intercambios entre economías nacionales previamente constituidas, sino que modifica la relación entre los territorios y los centros de decisión. El capital adquiere una movilidad que ya no pueden controlar, ni poseen, las comunidades políticas, al tiempo que las decisiones sobre la inversión, la producción y la distribución pueden adoptarse en lugares alejados de aquellos donde se experimentan sus consecuencias sociales. Al mismo tiempo, las instituciones políticas permanecen territorialmente limitadas, y una parte creciente de los procesos políticos se organizan y desarrollan a escala internacional, y en este sentido no es extraño que el concepto «gobernanza mundial» adquiera un protagonismo preponderante.

Esta asimetría explica la insuficiencia de una concepción puramente formal de la soberanía. De ahí, que como explicamos al inicio del apartado, un Estado que dispone de sus teóricos aparatos de poder, de sus normas constitucionales y su propia legitimidad interna, vea como el poder efectivo de su soberanía se encuentre condicionado por dependencias económicas o políticas con terceros Estados. La libertad jurídica de decidir no equivale a la libertad material de hacerlo, se ha producido un desajuste, un punto de ruptura. En definitiva el poder político conserva su posición institucional mientras pierde su capacidad efectiva de orientar los acontecimientos. Por eso lo esencial en este terreno es preguntarse si el Estado conserva una soberanía proclamada por los textos jurídicos y las normas legales y si dispone realmente de los medios necesarios para imponer decisiones. Y el problema reside en el momento que un gobierno adapta sus políticas a las exigencias de los mercados financieros, o cuando una empresa transnacional puede condicionar la política económica e industrial de un país o cuando una potencia extranjera determina aspectos fundamentales de su seguridad. Entonces el aparato legal y jurídico que determina la acción de ese gobierno o Estado no coincide en el ejercicio de su autoridad con el orden constitucional visible. ¿Qué es lo que viene a demostrarnos esta situación? Pues que la soberanía es inseparable en su definición de la capacidad de decisión. Lo repetimos, cuando un determinado Estado es incapaz de imponer sus decisiones, su soberanía se reduce a una cuestión nominal. De tal manera que, invirtiendo la situación, si una instancia sin poseer la legitimidad jurídica correspondiente, puede imponer las condiciones a partir de las cuales se decide, esta instancia posee el ejercicio del poder político real.

Esta conclusión encuentra un apoyo teórico significativo en el pensamiento de Carl Schmitt, cuya concepción de la soberanía sitúa la decisión en el centro de la existencia política, su conocida definición del soberano como quien decide sobre el Estado de excepción apunta precisamente a la insuficiencia de una autoridad entendida en términos exclusivamente normativos. Y a tal respecto, deja en evidencia la insuficiencia de una autoridad entendida bajo el dominio absoluto de la norma jurídica: el orden jurídico puede establecer competencias, distribuir atribuciones y proclamar principios de legitimidad, pero no puede explicar por sí solo quien dispone, en última instancia, de la capacidad efectiva de decidir cuando las circunstancias ponen a prueba ese orden. Lo decisivo no es quien aparece investido de poder en un texto o norma constitucional, sino quien puede adoptar la decisión y hacerla prevalecer. Por eso la soberanía no se agota en el reconocimiento de una normativa legal, pues remite a la relación efectiva con el poder. Un ejemplo significativo podría ser el que contempla en «nuestro» texto constitucional —concretamente en la Constitución de 1978— la figura del Jefe del Estado que ostenta el rey, Felipe VI, cuyas atribuciones se ven ostensiblemente limitadas por el propio control institucional en el ejercicio de tales funciones, de tal modo que sus teóricos poderes quedan reducidos a un sentido puramente nominal.

Y así, la crisis del Estado-nación europeo responde a una transformación más amplia en las relaciones entre economía, territorio y autoridad. La mundialización del capitalismo ha contribuido decisivamente a susodicha crisis, al debilitar la correspondencia entre el espacio en el que se adoptan las decisiones económicas y el espacio en el que se ejercen las responsabilidades políticas. Los Estados deben responder ante su población por los efectos de procesos que no son capaces de controlar en su integridad, que a su vez contribuye a incrementar la distancia entre la responsabilidad a la que se deben estos poderes públicos y la capacidad para controlarlos.

Benoist considera que este proceso no puede revertirse con una simple proclamación de la voluntad nacional. La voluntad es, indudablemente, necesaria, pero carece del soporte material necesario, sin el cual toda afirmación de la soberanía se reduce a mera retórica. La soberanía debe afirmarse y asentarse hoy desde la posesión de capacidades productivas, financieras, tecnológicas y estratégicas que permitan a la comunidad política actuar sin quedar sometidos a la coacción de otros poderes hegemónicos y dominantes. Igualmente, también hay que tener en cuenta que la hipotética recuperación de una soberanía por parte de un Estado tampoco garantiza que ésta se oriente hacia el bien común, y, en cambio, profundizar en políticas contrarias a este objetivo, mediante el incremento de la desigualdad, restringiendo la participación de sus ciudadanos en la configuración del poder político o beneficiando a lobbies. Por eso es importante comprender el significado del concepto de soberanía, que en primer término define una capacidad política, pero no constituye una definición que tenga en cuenta la legitimidad ética o moral, para la cual es necesario introducir una segunda pregunta: ¿quién es el titular del poder y qué relación mantiene con la comunidad en cuyo nombre gobierna?

Esta última pregunta nos permite adentrarnos en la otra parte que compone el título del libro, y que nos remite a la soberanía popular. Mientras que la primera nos permite comprender la independencia y la capacidad de actuación de una comunidad política, la segunda, la soberanía popular, nos obliga a examinar quién gobierna efectivamente y qué instrumentos posee el pueblo para controlar las decisiones adoptadas en su nombre.

En la genealogía histórica del concepto de soberanía resulta necesario comprender por qué la identificación entre soberanía, nación y Estado, es una premisa fundamental para comprender el pensamiento político moderno. La soberanía designa en su sentido original una autoridad suprema capaz de hacer prevalecer sus decisiones en última instancia. Pero esta definición contiene dos dimensiones que es necesario distinguir: una se refiere a la capacidad efectiva de ejercer el poder; la otra, a la instancia de la que procede su legitimidad. Mientras la primera nos permite determinar quién manda realmente, la segunda obliga a preguntar por qué ese poder puede considerarse legítimo. La soberanía nacional se sitúa principalmente en el primer plano, mientras que la soberanía popular conduce directamente al segundo. A partir de esta distinción podemos comprender que la soberanía no nació necesariamente unida a la forma moderna del Estado nacional. Benoist nos recuerda que la existencia de una autoridad política suprema es anterior a la formulación sistemática de la teoría de la soberanía, y que diferentes comunidades políticas históricas organizaron sus relaciones de mando con anterioridad al nacimiento del Estado-nación, y que en nuestro caso, adquirió un notable desarrollo bajo los principios de la comunidad orgánica y la figura jurídica del Fuero, algo que la Tradición hispánica ha desarrollado ampliamente, y cuyo legado sigue vivo en la conciencia de los pueblos hispánicos y la formulación política que nos ofrece el Carlismo. Por ello el poder supremo no debe confundirse con una de las formas históricas particulares.

El proceso que conduce a la consolidación del Estado moderno estuvo estrechamente relacionado con la delimitación territorial de la autoridad, la afirmación de la independencia exterior y la centralización del poder. Los tratados de Westfalia (1648) ocupan un lugar destacado en esta genealogía, dado que supone la afirmación de un orden europeo basado en la soberanía territorial de los Estados y en el principio de no injerencia en sus asuntos internos. El Estado aparece así como una unidad política que proclama la potestad de decidir dentro de sus fronteras y de mantener relaciones con otras unidades sin reconocer una autoridad temporal superior.

Como decíamos, la nación, el Estado y la soberanía poseen un origen relacionado, pero con diferencias significativas: la nación no ha significado siempre lo mismo —como nos apunta Benoist— ni ha coincidido siempre con una estructura estatal independiente. En el mundo medieval, el término podía designar una procedencia común o un grupo vinculado a determinados rasgos compartidos, sin que ello implicara la existencia de una conciencia nacional moderna ni de una organización política unificada.

La soberanía popular: el pueblo como sujeto político

La segunda parte del libro se adentra en un problema que el soberanismo deja en un segundo plano: la soberanía del pueblo. Mientras que buena parte del debate contemporáneo se concentra en la independencia del Estado frente a las instituciones supranacionales, nuestro autor se pregunta qué sucede con la libertad política dentro de las propias comunidades nacionales. ¿Puede considerarse soberano un pueblo que conserva formalmente esa condición pero que dispone de escasos medios para intervenir en las decisiones de sus representantes?

La soberanía popular no debe confundirse con la proclamación constitucional, de que el poder procede del pueblo, como sucede en la práctica totalidad de las constituciones liberales de la Europa actual. Tampoco puede reducirse este concepto al «derecho» de los ciudadanos a participar en unas elecciones periódicas. El significado del concepto de soberanía popular es más exigente y supone que el pueblo debe ser reconocido como titular del poder constituyente como un sujeto político capaz de intervenir en la orientación de la vida colectiva, de controlar a sus representantes y modificar las instituciones que regulan su existencia común.

El matiz entre la afirmación de que la soberanía pertenece al pueblo y que el pueblo sea verdaderamente soberano no es, precisamente, una cuestión menor. Sobre todo por el hecho del uso e instrumentalización que se hace del pueblo como fundamento abstracto para dar legitimidad a un orden político cuya dirección efectiva corresponde a otras instancias e intereses. Y en segundo lugar, porque la soberanía no puede concebirse al margen de la capacidad real de una comunidad para decidir, al igual que sucede con la soberanía nacional en relación al Estado. Tiene que existir una confluencia entre la voluntad de los ciudadanos y las decisiones que se adoptan en su nombre. Los sistemas representativos, característicos de las democracias liberales modernas, nos ofrecen un buen ejemplo de una legitimidad construida en torno a las elecciones, que una vez son elegidos disponen de un margen de autonomía respecto a sus electores, llegando incluso a proponer políticas que contradicen las expectativas de quienes les otorgaron su confianza. El ciudadano solamente es instrumentalizado, cada 4 años, para convertirse en fuente de legitimidad para un poder que no le permite intervenir —directa o indirectamente— en las decisiones que se adoptan durante el mandato.

De modo que la soberanía popular queda reducida a un instrumento de legitimidad/autorización en relación a los representantes, pero bajo una autorización que se convierte en irreversible e inauditable en el tiempo que dura la legislatura. Es aquí donde adquiere importancia la reflexión de Jean Jacques Rousseau, a quien Benoist reconoce como el primer gran teórico moderno de la soberanía popular. En El contrato social (1762), Rousseau sostiene que la soberanía reside en el pueblo y no puede ser enajenada ni representada, puesto que la voluntad general no puede sustituirse por la voluntad particular de quienes gobiernan. De ahí que distinga entre el soberano, que establece las leyes, y el gobierno, encargado de ejecutarlas. Por tanto, los representantes no deberían apropiarse de la soberanía popular, sino actuar como delegados sometidos al control de quienes les han confiado el mandato.

La importancia de Rousseau para el argumento de Benoist reside en la obligación de distinguir entre elegir a los gobernantes y ejercer verdaderamente la soberanía. La participación en política no puede agotarse en el consentimiento electoral inicial, sino que exige mantener algún grado de intervención y control sobre el poder durante el mandato. Sin embargo, Benoist introduce un matiz relevante: aunque Rousseau cuestiona la representación cuando ésta sustituye la voluntad del pueblo, no propone prescindir de todo gobierno ni identifica necesariamente la soberanía popular con una democracia directa permanente. Lo decisivo reside en que el ejercicio de las funciones ejecutivas no implique que el pueblo se desprenda de su condición de soberano.

Sin embargo, esta concepción plantea una dificultad que Benoist considera importante: la soberanía popular no conduce necesariamente al reconocimiento de la autonomía de los cuerpos intermedios. Mientras que Althusius entiende que la voluntad común debe articularse a partir de las comunidades que integran el cuerpo político, Rousseau desconfía de las sociedades parciales, en la medida en que pueden interferir en la formación de la voluntad general. La diferencia no es banal ni de una importancia menor; una cosa es reconocer al pueblo como titular de la soberanía y otra determinar cómo se organiza políticamente ese pueblo y que autonomía corresponde a las comunidades que lo componen. Aquí aparece una de las cuestiones centrales de la obra: la defensa de la soberanía popular no resuelve por sí sola el problema de la distribución del poder ni garantiza el reconocimiento de las libertades concretas.

Imperio y concepciones preestatales de la soberanía

Podemos remontar la existencia de la autoridad política a un periodo anterior a la configuración del Estado moderno, mientras que la nación entendida como comunidad política soberana y el Estado centralizado responden a procesos históricos concretos. La modernidad tiende a identificar la soberanía con el Estado, pero esta identificación no agota sus posibilidades históricas de organización política en éste.

Existe una tradición preestatal que nos remite, en este contexto, a formas de organización en las que la vida política se articulaba mediante comunidades, fueros, corporaciones, ciudades y otras organizaciones dotadas de competencias y autonomía propias. Los cuerpos intermedios no eran simples agrupaciones privadas ubicados entre el individuo y el Estado, sino que constituían formas efectivas de organización social, jurídica y política. Su existencia impedía que la autoridad se redujera a una relación directa entre el poder central y una masa de individuos aislados, como existe en la sociedad atomizada que propone el liberalismo.

El pensamiento de Johannes Althusius (1557-1638) es decisivo para comprender esta cuestión, tal y como nos señala Alain de Benoist. En su Politica methodice digesta (1603), la comunidad política se organiza mediante asociaciones que se integran en otras más amplias sin perder por ello toda su autonomía. Las comunidades no entregan la totalidad de sus derechos al poder superior, sino que le confían determinadas competencias para hacer posible la vida común. Benoist destaca que esta estructura establece límites efectivos a la autoridad del príncipe y reconoce al pueblo como titular de una soberanía que se constituye como una limitación de su poder. Existe un contraste evidente con el pensamiento y el modelo propuesto por Thomas Hobbes (1588-1679) que tiende a concentrar la autoridad en el Leviatán, frente a la articulación de la unidad política en torno a comunidades orgánicas de Althusius, con sus propias competencias y relaciones de reciprocidad. No se trata de negar toda autoridad superior, sino de impedir que ésta absorba la vida política de las comunidades que la constituyen.

Benoist relaciona esta problemática con la evolución histórica del Estado moderno. Primero, la centralización realizada por la monarquía y, posteriormente, y a raíz de la Revolución Francesa, con la imposición de la centralización jacobina, se contribuyó a un definitivo debilitamiento y supresión de los poderes locales, territoriales, municipales y regionales. La nación revolucionaria se definió como una unidad indivisible representada por un poder central, mientras que los cuerpos intermedios fueron sistemáticamente destruidos y perdieron su legitimidad política, en una característica que marca el devenir de las grandes transformaciones que trajo el Estado moderno. Y es a partir de este hecho que debemos entender la distancia entre la comunidad articulada desde diferentes instancias, como un cuerpo vivo, que actúa desde lo local, y en una construcción de la idea del Estado desde abajo, bajo una concepción plural y orgánica del poder, frente a un Estado que pretende representar a un Estado que pretende presentarse como una nación homogénea.

Esta concepción encuentra paralelismos significativos con el pensamiento político del tradicionalismo hispánico, propuesto por el Carlismo español, como bien nos advierte en el prólogo a la edición española Carlos X Blanco. Podemos citar a sus nombres más representativos, como son Juan Vázquez de Mella (1861-1928), Francisco Elías de Tejada (1917-1978) o Rafael Gambra (1920-2004) entre otros muchos autores. En la línea de Althusius, estos autores, tomando como referencia antiguas leyes consuetudinarias y de gentes de origen medieval —preestatales—, combatieron la concepción centralizadora del Estado moderno, reivindicando una sociedad articulada en torno a comunidades históricas, fueros y cuerpos intermedios, familia y municipio partiendo de las realidades concretas en origen, postulando una bien pertrechada red de libertades, derechos y ámbitos de autonomía. Vázquez de Mella, bajo el concepto del Sociedalismo, defendió la autonomía social frente a la amenaza expansiva de la homogeneización estatal, mientras que Elías de Tejada, además de criticar implacablemente las teorías del poder absoluto de Jean Bodin (1530-1596) concibió los Fueros como expresión jurídica de las libertades políticas concretas, y bajo la dicotomía entre una España garante de las mismas frente a una Europa que representaba la tendencia uniformizadora y subversiva moderna. Pero en la tradición carlista el principio de subsidiariedad no significa solo descentralización de las competencias administrativas, sino el reconocimiento de que las instancias superiores no deben absorber las funciones que pueden desempeñar las comunidades inferiores. La autoridad política conserva así su función de unidad y autonomía de las sociedades que integran el cuerpo político. Se trata, en definitiva, de una concepción orgánica y plural con afinidades evidentes con el modelo de Althusius.

El libro termina con un excursus dedicado a la idea de Imperio, un capítulo que amplía el horizonte de la discusión. No debemos pensar que se trata de una digresión desconectada del resto del libro, ya que permite considerar las consecuencias políticas de las diferentes concepciones de soberanía y preguntarnos si la unidad política tiene que adoptar necesariamente la forma del Estado-nación centralizado y homogéneo. Desde esta perspectiva, el Imperio representa una forma supranacional que puede integrar diferentes pueblos, territorios y comunidades sin exigir a cambio que sean diluidos bajo un patrón estandarizado. Su unidad no tiene por qué descansar necesariamente en la identificación ya mencionada entre Estado, nación y pueblo, sino en una pluralidad que se ordena en comunidades con un margen de autonomía, bajo un orden político común. En lugar de liquidar las diferencias internas para producir una unidad uniforme, el principio imperial permite pensar una unidad política que preserve la diversidad de sus componentes. Representa una visión descentralizada del poder bajo el reconocimiento de las estructuras intermedias y formas diferenciadas de pertenencia política. En nuestra opinión alcanza su expresión más perfecta con los ejemplos del Sacro-Imperio gibelino de Federico II Hohenstaufen o la Monarquía federativa de los Austrias bajo Carlos V.